A finales de enero de 2025, el Gobierno acordó tramitar por vía urgente el proyecto para reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales, sin reducción salarial.
El acuerdo permitió desbloquear las diferencias entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía sobre el procedimiento que debía seguir la reforma. La vía urgente pretendía acelerar su llegada al Consejo de Ministros y posteriormente al Congreso de los Diputados.
Sin embargo, aquel acuerdo no modificó por sí solo la jornada legal ni supuso la entrada en vigor inmediata de las 37,5 horas. Todavía era necesario aprobar el texto como proyecto de ley y completar toda su tramitación parlamentaria.
Qué se había acordado
La propuesta procedía del acuerdo firmado el 20 de diciembre de 2024 entre el Gobierno y las organizaciones sindicales CCOO y UGT.
Entre sus principales medidas figuraban:
- Reducir la jornada máxima ordinaria a 37,5 horas semanales de promedio anual.
- Mantener el salario de las personas trabajadoras.
- Adaptar los convenios colectivos a la nueva jornada.
- Reforzar el registro diario de jornada.
- Reconocer el derecho a la desconexión digital.
- Mejorar el control de las horas extraordinarias.
El acuerdo también planteaba que el registro de jornada fuera objetivo, fiable, accesible y difícil de manipular. Estas características formaban parte de la propuesta normativa, no de una obligación nueva que entrara automáticamente en vigor con la firma del acuerdo.
Por qué se eligió la vía urgente
El Ministerio de Trabajo defendía que la tramitación urgente era necesaria para que la reducción pudiera aplicarse durante 2025. El objetivo político era que las empresas pudieran adaptar sus jornadas antes del 31 de diciembre de ese año.
La tramitación urgente acorta determinados plazos parlamentarios, pero no elimina la necesidad de aprobar la ley. Por tanto, la decisión de tramitar el texto por esta vía no equivalía a su aprobación definitiva.
En relación con las pequeñas empresas, el Ministerio de Economía señaló que durante la tramitación podrían estudiarse medidas de flexibilidad y acompañamiento. No obstante, en ese momento no existía una ayuda económica general aprobada para todas las empresas.
El anteproyecto llegó al Consejo de Ministros
El 4 de febrero de 2025, el Consejo de Ministros presentó el anteproyecto de ley para reducir la jornada máxima a 37,5 horas semanales en cómputo anual.
La propuesta incluía también cambios relacionados con el registro de jornada y la desconexión digital. Posteriormente, el Gobierno aprobó el proyecto de ley y lo remitió al Congreso para su debate.
El acuerdo no cambió todavía la obligación de fichar
Mientras la reforma se encontraba en tramitación, continuaba vigente la obligación general de registrar diariamente la jornada.
El artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores exige que la empresa registre la hora concreta de inicio y finalización de la jornada de cada persona trabajadora. La propuesta de reforma pretendía reforzar ese sistema, pero no sustituyó la regulación vigente mientras no se aprobara una nueva ley.
Puedes consultar también cuándo entra en vigor la reducción de la jornada laboral y cuándo entra en vigor el fichaje digital.
Qué ocurrió después con la propuesta
El proyecto de ley no llegó a convertirse en una norma vigente. El Congreso de los Diputados aprobó en septiembre de 2025 las enmiendas a la totalidad que devolvían el texto al Gobierno.
Por ello, el acuerdo político de enero debe entenderse como un paso dentro de una reforma que finalmente no completó su tramitación parlamentaria.
Registro Horario Digital
La obligación de registrar la jornada exige disponer de información clara sobre las horas realmente trabajadas. Una herramienta sencilla puede ayudar a ordenar los fichajes diarios y revisar posibles prolongaciones de jornada.






